La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) exigió respuestas urgentes y coordinadas de las autoridades federales y estatales ante la ola de bloqueos carreteros protagonizados esta semana por transportistas agrupados en la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y por organizaciones campesinas, y advirtió que la inseguridad en las rutas estratégicas ya está causando pérdidas económicas, riesgos para quienes trabajan en el transporte y daño a la competitividad nacional.
Un sondeo realizado por los 71 Centros Empresariales de COPARMEX revela que 33 de 55 ciudades y regiones consultadas reportaron afectaciones directas en carreteras, aduanas fronterizas, nodos logísticos y rutas clave. Entre las zonas más afectadas se identificaron Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Cuauhtémoc, Tamaulipas, Hidalgo del Parral y regiones de San Luis Potosí y Guasave.
La confederación reconoció la legitimidad de las demandas de transportistas y productores, quienes denuncian robos, extorsiones, “cobro de piso” y agresiones que ponen en riesgo tanto su integridad física como su patrimonio. Al mismo tiempo, advirtió que las interrupciones en las vías de comunicación repercuten en toda la cadena productiva ya que al provocar retrasos, aumentan los costos logísticos y deterioran la competitividad regional frente a socios comerciales.
La organización subrayó que la ausencia de condiciones mínimas de seguridad y la falta de instrumentos financieros adecuados para el campo como créditos accesibles para la siembra, agravan la crisis de los productores, particularmente por un precio del maíz que no cubre los costos de producción.
Frente a ello, la organización gremial planteó medidas concretas como la vigilancia reforzada en tramos de alto riesgo, atención efectiva a denuncias por extorsión, funcionamiento ágil de trámites indispensables para el transporte de carga y la instalación de mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Además, pidió la instalación inmediata de una mesa nacional de diálogo con representación equilibrada de los estados más afectados, compromisos con plazos verificables y recursos suficientes para su cumplimiento.
Advirtieron que restablecer la libre circulación no debe traducirse en la criminalización de quienes protestan, y que las soluciones deben construirse mediante diálogo eficaz y resultados comprobables para evitar que el país pierda competitividad por causas que, aseguró, pueden resolverse con coordinación y determinación.
La organización concluyó que, sin rutas seguras y cadenas logísticas confiables, se frena la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico, por lo que urgió a las autoridades a dar una respuesta inmediata que garantice la seguridad y la viabilidad de las actividades productivas vinculadas al transporte y al campo.